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La SFP tiene abiertas siete investigaciones contra el exsuperdelegado Carlos Lomelí

Ciudad de México, 15 JUL (apro).-La Secretaría de la Función Pública (SFP) mantiene abiertas siete investigaciones relacionadas con Carlos Lomelí, quien hasta el pasado viernes se desempeñó como superdelegado en Jalisco.

La titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó esta mañana que cuatro casos se relacionan con empresas en las que Lomelí tiene intereses y son proveedoras gubernamentales, y tres más, con su desempeño como servidor público.

En Palacio Nacional, Sandoval Ballesteros dio a conocer que los motivos por los que se investiga son cohecho, conflictos de intereses, enriquecimiento inexplicable y tráfico de influencias.

El caso de Lomelí ha sido motivo de polémica desde hace varias semanas cuando lo dio a conocer la organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad y que, en un primer momento, mereció la reacción presidencial calificando el asunto como “politiquería”.

Lomelí, quien es empresario del sector farmacéutico, ha sido señalado por incidir en la adquisición de medicamentos e insumos desde el gobierno, de ahí que el mandatario ordenara una investigación, según reveló esta mañana en su conferencia matutina.

El pasado viernes, el hoy ex “superdelegado” en Jalisco presentó su renuncia y que, en palabras de Irma Eréndira Sandoval, recibieron con beneplácito para agilizar las investigaciones.

Diputados de Morena en Jalisco denuncian al gobernador Enrique Alfaro por presuntos actos de corrupción

El grupo parlamentario de Morena en Jalisco presentó este lunes una denuncia por “hechos posiblemente constitutivos de delito” ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoria Superior de la Federación, relacionados con la licitación del programa de arrendamiento agrícola “A Toda Máquina”.

A través de un comunicado, los legisladores señalaron que la investigación debe ser absorbida por la Federación, ya que los recursos que aplican la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SEDER) provienen del presupuesto federal.

La fracción morenista presentó hace tres meses una denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción local, por hechos que la ley señala como delitos por “actos de corrupción cometidos en perjuicio del patrimonio del Estado realizados por servidores públicos, entre ellos en gobernador de la entidad y particulares”, dicho delito pudó presentarse en la licitación para contratar el servicio de “arrendamiento” de maquinaria por parte de la SADER. El grupo lamentó que a 90 días de presentar la denuncia ante la Fiscalía local, esta no haya presentado avances en la investigación.

Los diputados presentaron una denuncia en contra del gobernador del Estado, Enrique Alfaro, el presidente del Comité de Adquisiciones local, Luis Arturo López Sahagun, el secretario técnico del mismo comité, Raymundo Andrade Beltran, además de Roberto Navarro Arias, representante de la Contraloría del Estado.

También denuncian a Rodolfo Espinoza Preciado, director de Recursos Materiales y Financieros de la SADER, Agustín de la Fuente Gutiérrez, director general administrativo de la SADER y a Carlos Salinas Osornio servidor público de dicha Secretaría, además de los ciudadanos Guillermo Romo Romero y Jorge Salinas Osornio trabajador de la empresa Servicios Mega, por hechos que la ley señala como delito, actos de corrupción cometidos en perjuicio del patrimonio del Estado de Jalisco realizados por los servidores públicos y particulares.

Los Diputados, Érika Pérez García, Bruno Blancas Mercado, María Esther López Chávez, Arturo Lemus Herrera, Norma Valenzuela Álvarez y María Patricia Meza Núñez, solicitaron a las autoridades federales llevar a cabo las investigaciones necesarias para aclarar y en su caso castigar a los responsables por lo que calificaron como una infamia realizada en procesos públicos de licitación del Estado, además de sugerir que mientras se desarrolla la investigación, el gobernador Alfaro debe separarse del cargo.

En una declaración conjunta pidieron a las autoridades girar medidas cautelares para evitar mayor menoscabo en el patrimonio del Estado, además de informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, para que realice las investigaciones necesarias de la evolución patrimonial de los involucrados y su situación tributaria.

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