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La SFP investiga a nueve súper delegados por uso indebido de programas sociales

os súper delegados de Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Puebla, Guanajuato, Colima, Chiapas, Chihuahua y Aguascalientes son investigados por uso indebido de programas sociales, informó la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, durante su comparecencia ante diputados.

Como parte de la glosa del primer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, Sandoval explicó que las indagaciones se iniciaron a raíz de las denuncias presentadas, “y estamos abiertos a cualquier otra denuncia que llegue”.

Lo anterior se debe a 12 denuncias que ha recibido contra ellos.

Al responder a una pregunta de la diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Gloria Romero León, dentro de su comparecencia en el pleno de la Cámara de Diputados como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno, la funcionaria se refirió al tema de los ‘superdelegados’.

Asimismo, señaló que se están procesando 12 denuncias en contra de 10 delegados estatales de programas para el desarrollo, y una vez terminadas todo aquel que se encuentre culpable o que tenga una responsabilidad administrativa o penal, será sancionado.

“Como ustedes saben, esta utilización de los programas sociales ya es otro de los delitos que se tipifican como delitos graves y tienen prisión oficiosa”, comentó Sandoval.

De acuerdo con la funcionaria federal, esas denuncias están siendo trabajadas con la autonomía técnica y de gestión que corresponde a los Órganos Internos de Control de la dependencia.

Recordó que hace dos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un nuevo memorándum y citó a subdelegados federales en cada entidad para señalar que en su administración no hay posibilidad de hacer un uso autoritario del poder.

Hay que recordar que en días recientes la Cámara de Diputados aprobó como delitos graves, que ameritan prisión preventiva oficiosa, el uso de programas sociales con fines distintos para los que fueron creados. Eso fue comentado por la propia secretaria, quien adelantó que de comprobarse las denuncias se sancionará a los acusados.

“Esta utilización de programas sociales se tipifican como delitos graves y tienen prisión oficiosa. Estas denuncias están siendo trabajadas con autonomía técnica y de gestión, que corresponde a nuestros Órganos Internos de Control (OIC). Las más importantes han sido asumidas por mí, y también los OIC están trabajando para procesar denuncias que se generen sobre nuestros delegados estatales”, dijo.

Durante la elección interna para renovar la dirigencia nacional de Morena se presentaron señalamientos contra Gabriel García Hernández, coordinador general de los Programas del Bienestar, acusado de beneficiar a una de las contendientes.

Sin embargo, hace dos días el propio García Hernández se reunió con los súper delegados, quienes asumieron el compromiso de no intervenir en las elecciones del partido.

Lo anterior ocurrió después de que el Ejecutivo federal los citó a una reunión privada en Palacio Nacional, para leerles un memorándum donde les exigió no participar en actos partidistas ni utilizar recursos públicos para hacer promoción de candidatos y partidos.

“Ese es el compromiso, nadie se va a meter, y el que se meta va a ser denunciado, porque es algo que va contra los principios y contra las normas. Vamos a entregarnos en cuerpo y alma a servir a los demás”, declaró García Hernández al salir del encuentro realizado en el comedor de Palacio Nacional con los 32 delegados federales.

Durante su comparecencia, la titular de la SFP no precisó la razón exacta contra los súper delegados, pero informó que también se realizan auditorías a programas sociales, como Sembrando Vida, y los que brindan apoyo económico a personas con discapacidad y a adultos mayores

Mencionó que se combate la impunidad “sin filias ni fobias”, investigando a servidores de la pasada administración, pero también de la actual, y afirmó que “no hay intocables ni perseguidos”.

En su numerología, Eréndira Sandoval señaló que se han impuesto casi tres mil sanciones a los servidores públicos, entre las que destacan 925 inhabilitaciones, 179 destituciones y 256 sanciones económicas.

Detalló que de las auditorías realizadas a programas de desarrollo y operación regional se han observado 46 mil millones de pesos, que deberán ser justificados por estados y municipios “o reintegrar a la Federación”.

Durante la comparecencia, diputados de oposición portaron una cartulina con la cara del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett. La funcionaria federal les informó que ya se tienen las declaraciones fiscales entregadas por el Sistema de Administración Tributaria, y de ahí se determinará si los bienes corresponden o no a lo que Bartlett ha percibido como funcionario público.

Precisó que hay cuatro auditorías en proceso que corresponden a los programas de Apoyos para el Bienestar de Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras, al de Pensión para Personas con Discapacidad, al de Sembrando Vida y a todos los Servidores de la Nación.

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