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Distribución de oportunidades

México, como economía emergente, no se puede dar el lujo de tener el sector de la construcción en franca contracción. Esto afecta a más de 40 ramas de la economía, deteriora el empleo y, sobre todo, limita las oportunidades de la gente que más lo necesita.

El PIB de la construcción se contrajo 4.7 por ciento en el segundo trimestre de 2019, la mayor contracción en lo que va de la década. Dentro de la rama de edificación la contracción fue de 2.4 por ciento, las obras civiles cayeron 12.4 por ciento y otros trabajos especializados se contrajeron 5.7 por ciento.

El empleo en el sector experimentó una reducción de 5.0 por ciento, la segunda mayor contracción desde la crisis económica de 2009.

Con esto se limita la formación de capital fijo del país y se pierde competitividad, pero también deja de crecer la oferta de bienes públicos derivados de las obras civiles. La contracción del sector perpetúa la desigualdad de la infraestructura en México porque se amplía la brecha entre las regiones con mejor infraestructura en el centro y norte del país frente las menos avanzadas del Sur, donde viven cerca de 13 millones de mexicanos en Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

Lo preocupante es que el gobierno no está implementando acciones para reducir la brecha en las oportunidades. Restringir a los pueblos de Oaxaca a construir caminos a pico y pala, mientras que en el resto del país se pueden construir con maquinaria, se traduce en mexicanos que seguirán teniendo a tres o seis horas el hospital más cercano, que los productos de consumo sean más caros, que el acceso a mejores opciones educativas no esté al alcance y que los productos no se puedan comercializar, condenando a un nuevo ciclo de pobreza a las nuevas generaciones.

Las acciones del gobierno siguen perpetuando la desi- gualdad, se gastan más de 100 mil millones en subsidios de electricidad que terminan beneficiando a los que más tienen, el que tiene aire acondicionado recibe más subsidio que aquel que no lo tiene.

El gobierno limita las oportunidades a quienes más se les debe ampliar, los niños del sur están destinados una educación dominada por la CNTE, sufrirán las consecuencias de no contar con el seguro popular y ya padecen el desabasto de vacunas.

Por otro lado, en el presupuesto 2019 también acentúa la desigualdad; la población indígena que más necesidades tiene recibe un gasto per capita de 12 mil pesos anuales, mientras que el promedio nacional es de casi 35 mil pesos.

Un dato más, existe una correlación negativa entre la inversión en infraestructura y la pobreza. Los municipios que redujeron su pobreza en más de cinco por ciento en 2014-2016, tuvieron obras carreteras entre 4 y 7 años antes. Sin embargo, el gobierno actual en la primera mitad del año ha reducido 48 por ciento la inversión en comunicaciones y transportes.

En México no se debe pensar en redistribuir la riqueza, se debe pensar y trabajar en redistribuir las oportunidades, y un buen comienzo es en el presupuesto federal para apostar por la inversión en infraestructura que se ha reducido 17 por ciento y que ha acentuado el desplome del sector de la construcción.

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