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Detienen a cinco exfuncionarios de Chiapas por presuntos actos de corrupción

Por los delitos de Tráfico de Influencia y Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades este jueves se logró la detención de cinco exservidores públicos; entre ellos Geovany Alexánder Campos Amaya, ex subsecretario de Servicios y gobernanza Política de la Secretaría de gobierno.

De acuerdo a un comunicado oficial, dentro del combate frontal a los actos de corrupción, y tras haber llevado diligencias de investigación coordinadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de la Honestidad y Función Pública (SHFP), fueron puestos a buen resguardo de las autoridades correspondientes a Giovany Alexánder “N”, de 42 años y Lorena “N”, de 32 años, posiblemente responsables del delito de Tráfico de Influencia; así como Ramiro “N”, de 62 años; Diego Alberto “N”, de 36 años y Marcelo Ernesto “N”, de 37 años, presuntamente responsables del delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades.

Lo anterior se deriva del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo, conforme del buen gobierno que se establece como política pública para garantizar una gestión pública transparente, realizados por las dependencias estatales mencionadas, acciones puntuales en aras de erradicar actos de corrupción.

La Fiscalía de Combate a la Corrupción se cumplimentó las respectivas órdenes de aprehensión por los hechos constitutivos de delitos mencionados, poniendo a disposición del órgano jurisdiccional a las y los presuntos responsables.

Con lo anterior se ratifica el compromiso con la sociedad de no permitir actos de corrupción y de impunidad, conductas que tanto daño han causado al estado.

Cabe mencionar que Geovanni Alexander fungió hasta hace poco como subsecretario de Servicios y Gobernanza Política. Su jefe inmediato era el actual titular de la Secretaría General de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, uno de sus mejores amigos.

Otros de los detenidos eran empleados de la Secretaría de Obras Públicas.

Los presuntos responsables fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional respectivo, mientras continúan las diligencias de investigación, ante la posibilidad de que haya más personas involucradas en conductas ilícitas relacionadas con su gestión pública.

El artículo 432 del Código Penal del Estado de Chiapas establece, entre otros puntos, que a quien cometa el delito de uso Ilícito de atribuciones y facultades se le impondrán de tres meses a nueve años de prisión y de 30 a 100 días multa.

Los titulares se comprometen a seguir trabajando en coordinación con la FGE para combatir y erradicar la corrupción en la entidad, al mismo tiempo aseguran que las diligencias de investigación continúan ante la posibilidad de haber más personas con responsabilidades en estas y otras conductas ilícitas relacionadas con su gestión pública.

Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2020

 

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