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Chiapas como en una rampa de emergencia, sin poder frenar la violencia: Blanco Urbina

La inestabilidad política y social que se registra al interior del estado, experimentada en este momento -sobre todo en municipios indígenas y otros no indígenas-, que buscan afanosamente soluciones a sus conflictos internos por la vía del diálogo y la negociación, además la vía legal y legítima, están frustrados, viéndose obligados a tomar acciones violentos porque, solo así son escuchados por las autoridades estatales, quienes hasta hoy se burlan con la firma de minutas que jamás cumplen y promesas que olvidan después de abandonar las ineficientes “mesas de diálogo”.

José Manuel Blanco Urbina, presidente de la Comisión de Derechos Humanos  de Chiapas A. C., habla acerca de la inestabilidad social y política, la inseguridad, violencia en los municipios de Bochil, Escuintla, Oxchuc, Chenahó, San Juan Chamula y a los que se suma Chalchihuitán, situación agravada por la ausencia del estado de derecho y el predomino de la “ley de la selva”, condiciones que cada vez más se torna casi imposible dar respuesta positivas a las demandas variadas por las autoridades municipales, por lo que se ven obligados a dirigir sus exigencias al gobierno de Chiapas.

Sin embargo, subrayó, es muy lamentable y criticable que no haya capacidad respuesta por los titulares de la Secretaría de Gobierno, del Tribunal Superior de Justicia, de la Fiscalía General de Gobierno, por mencionar algunas dependencias, porque como dice López Obrador, los funcionarios o son “floreros” o simplemente andan en campaña de proselitismo para el 2021 y 2024, olvidándose de sus obligaciones y responsabilidades que tienen para con el pueblo y solo responden a sus intereses personales y de partido.

El gobierno del estado a través de la mediocridad que transpiran -por ejemplo-,  el encargado de la política interna del estado, Ismael Brito Mazariegos, que además cuenta graves antecedentes de corrupción e impunidad cuando fungió como secretario del hoy gobernador del estado, en el Tribunal de Justicia del Estado, respondiendo a los intereses mezquinos de Manuel Velasco Coello y su madre Leticia Coello; de Juan Oscar Trinidad Palacios en el Poder Judicial del Estado, cuya fama es conocida por todos, la de tirarse a la hamaca y estar de parapeto en el cargo y el peor, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca con una carga negativa y denunciar de represor, torturador y violador de los derechos humanos, que además de estar en campaña no responde a los intereses del actual gobierno, sino al que le debe el favor de tener chamba, al que dejó al estado en banca rota, con muchas deudas y promesas incumplidas y que hoy despacha sin preocupación en el Senado de la República.

Al no dar una solución satisfactoria a las demandas a pobladores y a las comunidades, se sienten engañados, defraudados, frustrados, reaccionando como de rayo, aplicando medidas de presión para ser atendidos como una obligación de darles justicia y, como esta no llega, toman y bloquean carreteras, imponiendo a todo conductor que pasan por esas jurisdicciones cuotas obligatorias, en la cual los afectados solo terceros que ni vela tienen en el entierro, mencionó Blanco Urbina.

Pero eso no es todo nos comenta en entrevista el también presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociación de Abogados de Chiapas, A. C., lo más grave es ver hechos de sangre, violencia, muerte y  dolor que a pesar de que los sucesos violentos trascienden a nivel nacional, no son atendidos por dichas autoridades, o simplemente maquillan las respuestas, mientras la misma sociedad y el pueblo se olvida por un momento los incidentes. Una señal de impunidad y corrupción que en el gobierno de la 4ª Transformación aseguran ya estaban desterradas.

Mientras tanto, precisó las muertes continúan, los desplazamientos de comunidades y el dolor de los indígenas afectados siguen, ante un gobierno insensible y deshumanizado que no ve, no oye y no escucha, simplemente “se va por la libre” para no atender los problemas, que aunque no son de hoy, datan de muchos años atrás, pero la indiferencia de las autoridades hace que los pobladores y la sociedad en su conjunto se transformen para reclamar sus derechos, expuso.

El gobierno y el estado, requieren de servidores públicos, capaces, con inteligencia probada en el sector público y con voluntad de servicio para poder desactivar los múltiples conflictos políticos y sociales que impiden que la gobernabilidad se haga, lamentablemente el gobernador de Chiapas no los tiene, lo que hace que sus mismo funcionarios lo dejen mal parado, de ahí que el gobierno se haga ver aquí y fuera de Chiapas como un barco sin dirección, consideró Blanco Urbina.

A casi 10 meses del gobierno de los morensitas al poder en la entidad, la ausencia de buenos operadores políticos y la selección de los peores funcionarios en el gabinete actual, muchos con antecedentes penales, de corrupción, violadores de derechos humanos, traficantes de poder, entre otros, ha provocado efectos negativos en la gobernabilidad del estado y que los conflictos sociales y políticos crezcan como una “bola de nieve” que día a día crece y termina por estrellarse, indicó Blanco Urbina.

Sin embargo, dijo que la realidad no puede ocultarse ni esconderse, pero según Blanco Urbina su visión de la ingobernabilidad es como el accidente ocurrido el sábado pasado en la vía rápida San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, donde un tráiler sin control llegó a duras penas a la rampa de emergencia o frenado, pero lamentablemente para el chofer no fue esa suficiente para frenar o controlar al vehículo que por la mala calidad e ingeniería de la obra auxiliar, el pesado que fue a caer a la vía exponiendo a los automovilistas.

Es decir, explicó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, el estado si no se controla y se apega de acuerdo a las leyes emanadas de la constitución con todo y el respeto a los derechos del pueblo, las mismas leyes no va poder frenar la inconformidad de los ciudadanos que día a día crece en los seis municipios mencionados sino en los 120 municipios restantes, ya desde este momentos se ve que los conflictos crecen como una “bola de nieve”.

De tal suerte, en este momento el gobierno del estado es como si tuviera una rampa de emergencia, tal cual la de San Cristóbal, fallida, porque no tendrá salvación y terminará descarrilándose, es decir o aplica la ley como es debido y encausa o despide a sus funcionarios que no entreguen buenas cuentas o se hundirá en un mar de inconformidades, reflexionó Blanco Urbina.

Rutilio debe tomar al “buey por los cuernos” para encausar el rumbo, es decir, exigir resultados a sus funcionarios –mismos que deben reunir el perfil adecuado a la función que desempeñan-, para no caer en la improvisación, lo que lleva a la simulación de sus actividades, en especial aquellos que andan en campaña electoral anticipada, movidos por la ambición, que se sirven con la “cuchara grande”, que no respondan a los intereses de Chiapas y de los chiapanecos, sino a los intereses particulares de cada funcionario, agregó.

Asimismo dijo que Rutilio debe de llamar al orden constitucional a sus funcionarios para hacerlos más productivos y no solo se la pasen organizando talleres, firmas de convenios de trabajo y de capacitación de su personal que al final de cuentas llegar a ser solo como minutas que con el paso de los años se olvidan o se tiran a la basura, es mucho burocratismo en las dependencias y a eso obedece su poca o nada productividad, expuso Blanco Urbina.

Lo talleres de capacitación para nada sirven ni garantizan la estadía del empleo, se tiran a la basura porque cuando viene el cambio de gobierno, el personal capacitado es despedido y el que viene hay que volverlo a capacitar, lo que demuestra que los funcionarios en lo que es la procuración y administración de justicia son ignorantes para esos cargos, por ser amigos del que manda, son cuotas y son cuates, de ahí que no se pueda avanzar en el estado –en ningún renglón-, ni en justicia, ni el producción, de ahí que tengamos un Chiapas ingobernable, explicó.

Cuando en el estado no impera el estado de derecho, surge la anarquía y se encienden en todo el estado los “focos rojos”, como lo que hay en por lo menos seis municipios; la ley y la justicia no es negociable como lo manifiesta López Obrador, es decir, nadie debe estar por encima de la ley, mucho menos en gobierno.

Blanco Urbina recomendó al gobierno de Chiapas tener muy en cuenta que debe procurar justicia en favor del pueblo, no la invención  de delitos en contra luchadores sociales, activistas políticos y defensores sociales por defender las causas nobles de los ciudadanos, a los que persigue y encarcela como es el caso del preso político recluido en el penal de El Amate, Horacio Culebro Borrayas, que ha cumplido más de dos meses encarcelado con delitos prefabricados e ilegales por el actual gobierno estatal.

También critico la opacidad con que se maneja el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan  José Zepeda Bermúdez, quien lo único que sabe hacer y bien es cobrar, simular que trabaja y que defiende a los chiapanecos, cuando es mentira, porque este se resiste a levantar quejas de aquellos luchadores sociales que le son incomodos al gobierno estatal, porque según él, es quien le paga, cuando todos sabemos que quien le paga es el pueblo y no el gobernador.

Este tipo de funcionarios como los arriba mencionados son los que hacen ver mal al gobierno estatal, por responder a intereses mezquinos y ajenos al interés común que somos todos los chiapanecos.

Blanco Urbina aseguró que el pueblo está ávido de justicia y el gobierno tiene la obligación de dársela, a través de sus instituciones, pero lamentablemente esas instituciones fallan y al haber negligencia por parte del titular del poder ejecutivo de actuar conforme a derecho, Chiapas seguirá condenado a vivir bajo un clima de violencia, desestabilización, ingobernable y sin ley.

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