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Anaya ganó poquito, pero…
Antes de empezar el análisis del importamadrismo gubernamental y de los candidatos presidenciales del gravísimo y muy preocupante fenómeno criminal de las desapariciones, muchas de ellas forzadas y archivadas en los cementerios clandestinos, de los que está sembrado el territorio nacional, les anoto un breviario cultural. Cultural, ¿eh? No piensen mal ni extrapolen, ni comparen: Me dice mi querido amigo Antonio Tenorio Adame, desde la poblana Tehuacán (donde nace la tradicional agua mineral, tan sabrosa como miel que corre por sus vertederos), donde tiene su Cueva sinaléptica y prolífica en grandes ideas: “Si el gran general Lázaro Cárdenas del Río hubiera participado en el debate del domingo, lo habría perdido. Le decían La Esfinge, por su rostro adusto, falsamente duro, silencioso y adusto. Era de muy pocas palabras, pero de muy grandes ideas. Y qué bueno que les hablé de este asunto del debate porque me revolvió el estómago el olvido de los candidatos presidenciales de los grandes problemas, de los espantosos traumas sicológicos de la conciencia colectiva, emocionalmente contracturada ante el dolor y el llanto por la sangre derramada, por la muerte a la luz del día y a las sombras de la noche, por el dolor de madres, padres, hijos, hijas, como. las desapariciones forzadas de personas, cuyos actores son, por igual, miembros de lo que han dado en llamar “delincuencia organizada” y perversos “elementos” de las fuerzas de seguridad del estado. La nota de las agencias de prensa internacionales informa que, por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) juzgará al Estado mexicano por desaparición forzada de personas dentro de la estrategia de seguridad, debido a que escuchará, mañana (hoy jueves 26 de abril) y el viernes, los testimonios de integrantes de la familia de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, desaparecidos en el Ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua, el 29 de diciembre de 2009. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) y Mexicanos/as en el Exilio informaron que 12 instancias han conocido del caso, entre ellas la fiscalía estatal y áreas de la PGR y la CNDH. Pero, en este país, sea por lo que sea, las desapariciones de personas no tienen la prioridad de un negocio como la venta de garaje de Pemex, o la gastadera en las campañas político electorales, o una Estafa Maestra, o un negocio sucio con Odebrecht. De lo grave, lo más grave: Entre 2007 y 2018, una de cada tres desapariciones fue de jóvenes cuyas edades van de los 15 a los 24 años, el mismo rango de edad de Salomón Aceves Gastélum, Daniel Díaz y Marco Ávalos, los estudiantes de cine de la Universidad de Medios Visuales (CAAV), desaparecidos y asesinados en el municipio de Tonalá, Jalisco. E Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ha reportado que, entre enero de 2007 y enero de 2018, en el fuero común se reportó la desaparición en el país de 34 mil 268 personas, de las cuales 9 mil 404 son jóvenes de entre 15 y 24 años, lo que corresponde a 27% de las personas no encontradas. A esta cifra se suma la de 2 mil 788 bebés y niños de entre cero y 14 años de edad, desaparecidos en el mismo periodo. Jalisco es el tercer estado de la República mexicana con más denuncias por ese delito. El primer lugar en números absolutos es para Tamaulipas, con 5 mil 989 casos hasta el 31 de enero de 2018; le siguen el Estado de México, con 3 mil 834, y Jalisco, con 3 mil 60. En esa entidad, según las bases de datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), publicado y validado por el Secretariado, que recoge las denuncias ante la Fiscalía de Jalisco, 717 jóvenes tenían entre 15 y 24 años de edad, al momento de su desaparición: 575 son hombres y 142 son mujeres. Además, se sumaron las denuncias de la desaparición de 61 recién nacidos y niños que tenían entre uno y 14 años. Con 717 casos, Jalisco se ubica en la cuarta posición de las 32 entidades del país, al clasificar los estados por número de jóvenes desaparecidos. El primer lugar es Tamaulipas, con mil 327 casos; le siguen Estado de México, con mil 197 casos; Sinaloa, con 757 denuncias; Jalisco, con 717 denuncias por desaparición, y en quinto lugar está Nuevo León, donde se reportaron 692 jóvenes en las mismas condiciones que los universitarios. En el caso de Puebla, donde la violencia es generada particularmente por grupos de huachicoleros, se registran 676 casos y tiene una mayor cantidad de personas sin localizar que Chihuahua, donde se reportaron 618 personas en esta situación. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional de Seguridad, estima que en México ser joven es peligroso, puesto que es más fácil ser criminalizado por autoridades corruptas, ser víctima de la violencia en la calle o reclutados, contra su voluntad, por grupos criminales. Y es lamentable que la Fiscalía de Jalisco haya intentado justificar la desaparición de los jóvenes por haber sido secuestrados tras salir de un rancho, que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación vigilaban y que los universitarios quedaron “atrapados” en medio de una pugna entre este grupo delictivo y su rival, el Cártel Nueva Plaza. El problema base es que el estado no controla plenamente el territorio. Si te dicen: ‘Estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado’, perdón, pero no tiene por qué haber lugares equivocados. No fue un accidente. Me parece sumamente molesto que la autoridad de Jalisco salga a dar como excusa que los chicos tuvieron mala suerte”, destacó Francisco Rivas.
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