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La Judicialización de la Política en Chiapas.*

El pasado domingo primero de Julio, los mexicanos pudimos revivir nuevamente una fiesta democrática, donde se eligieron cargos públicos tanto federales como locales, en el que los ciudadanos tuvimos la opción de escoger nuestra  representatividad a través de seis boletas distintas (Federal: Presidente de la República, Senadores y Diputados; Local: Gobernadores, Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos), situación que propició un clima de confusión del electorado ante la falta de cultura política en los diversos sectores sociales. Donde la apatía ésta vez no fue el factor principal, sino el descontento por las instituciones que dan vida a nuestra federación, tan es así que ante un hecho histórico se pudo observar la participación colectiva en la decisión del cambio de autoridades, decisión que en varias demarcaciones no fue la idónea o más acertada ya que el electorado representó su voto de castigo en contra de los Partidos Políticos que ostentaban o en su caso representaban al gobierno actual.
La pérdida de la cultura política nacional se vio reflejada en el voto masivo hacía un partido, donde el candidato postulado en ocasiones no representaba los intereses estatuarios, la confusión en la cuantía de las boletas electorales hicieron que el mismo Instituto Nacional Electoral no encontrara la solución a la respuesta ciudadana, ya que a lo largo de la jornada electoral existieron un sinfín de inconsistencias por parte de los funcionarios de casilla y los representantes acreditados algunos inconformados en los consejos electorales y otros volando en el aire; tan es así que en diferentes sectores del país, la violencia prevaleció en la designación de los cargos públicos, lo que conllevó que en su mayoría no se aceptara el resultado del cómputo final, por lo que optaron  acudir ante la única instancia gubernamental, que hasta la fecha cuenta con el menor desprestigio social, me refiero a los Tribunales Electorales.
Lo anterior, propició que el sistema democrático tuviera una transformación, al mutar de un ente administrativo a uno judicial, logrando con ello a judicializar la democracia y por lo tanto la política, donde al comienzo de la batalla electoral, se pudo observar a los diferentes actores o candidatos que en su momento comenzaron a recurrir a los procedimientos sancionadores y a los recursos que protegieran sus derechos civiles y políticos, comenzando así, una guerra entre instituciones ya que la judicialización de la política restaba fuerza a las instituciones democráticas.
Cabe mencionar, que las instituciones encargadas en el desarrollo de las contiendas electorales fueron rebasadas por lograr únicamente velar los procedimientos y sin poner mayor atención a la calidad de la aplicación de la democracia institucional, tan es así que lo que parecía una respuesta ciudadana (Candidatos Independientes) fueron sumergidos en el cotidiano fraude electoral, donde en algunos casos, su registro conllevó a la compra de simpatizantes y en otros casos a la duplicidad de afiliaciones. Otro ejemplo, fue el hecho que los Partidos Políticos que por años fueron emanados de la cuna del Revolucionario Institucional, hayan puesto en peligro su registro ante la federación y en otros casos los hayan perdido de manera definitiva.
Es así, que al término de la contienda electoral, ante las anomalías y ante el repudio de los candidatos vencidos, éstos ocuparon utilizar las instituciones judiciales para contravenir los resultados electorales, siendo en vano en algunas demarcaciones y satisfactorios en otros ya que en el caso de Chiapas, donde el Tribunal Electoral del Estado, resolvió impugnaciones de trece municipios, ratificando el triunfo en siete de ellos y revocando su constancia de mayoría y validez en Bejucal Ocampo y en su caso anuló las elecciones en Chicoasen, Tapilula, Ocozocoautla de Espinoza, Ixtapa y el Porvenir, municipios que pudieron acreditar la ilegalidad de la jornada electoral, lo que conllevará a que éste primero de Octubre, pueda ser un Consejo Ciudadano quien gobierne a dichos municipios, en cuanto el Instituto Local designe la elección extraordinaria para ocupar los cargos impugnados o lo que bien requiera el Congreso del Estado.
Si bien es cierto, que los institutos electorales en el país lograron implementar un mecanismo consolidado de participación ciudadana en su mayoría de acuerdo a los lineamientos en materia, también es cierto que en caso de Chiapas el IEPC consolidó el principio de paridad y legalidad en su actuar, no podemos dejar de pensar que éstos fueron superados por la falta de cultura política de la población, ya que este vinculó su actuar al principio de legalidad más no así de justicia para algunos, lo que conllevó a utilizar los mecanismos judiciales para garantizar los derechos políticos-ciudadanos, dejando así su actuar en manos de los tribunales establecidos para ello, pero es importante señalar que dicho instituto al final de cuentas pudo mitigar el caso de las llamadas “Juanitas” y en Chiapas “Manuelitas”, lo que conllevó al pensamiento social que nuestro instituto electoral puede contar  con el prestigio social para llevar a cabo una encomienda tan delicada como lo es la garantía política del ciudadano, llevando con ello un proceso transparente pero también estableció un régimen para las nuevas generaciones.
La vida política acaecida en el Derecho Electoral logra entender, que las instituciones están designadas para proteger a la Constitución, siendo ésta emanada del pueblo por ser su soberanía la cual la deposita en los Poderes de la Unión, por ello es que la confianza del pueblo reside en los tribunales, pero no podemos menospreciar al sistema democrático, ya que su estructura es completamente ciudadana, al decir que las mesas directivas de casilla son integradas por insaculación, eso quiere decir que el Instituto Electoral sortea por nacimiento a quienes integraran las mesas de casilla, los cuales están supervisados por los diferentes representantes de partido y observadores electorales, por lo tanto no podemos decir que exista un vicio en el sistema pero sí en los ciudadanos que pudieran ocupar dichos cargos, lamentablemente la corrupción dirige la vida interna de la nación y hasta que exista un cambio radical en la cultura política, la democracia podrá ser democratizada por todos los ciudadanos y no por los operadores políticos que hasta ahora dirigen las estructuras sociales. Pero como siempre Usted tiene la última opinión.

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