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Ejército mexicano responsable de ejecución extrajudicial en Macuspana, Tabasco

La SEDENA criminaliza a Carlos Humberto Mendoza y vulnera derechos a la integridad y seguridad personal de su familia.

 

Integrantes del Ejército mexicano ejecutaron extrajudicialmente al Sr. Carlos Humberto Mendoza de Los Santos, (en adelante Carlos Humberto), el 16 de mayo de 2018, entre las 21:00 horas y las 22:00 horas aproximadamente, en un puesto de control militar provisional, a la salida de la Ranchería Celia González de Rovirosa, en Macuspana, Tabasco.

 

Carlos Humberto, originario de Palenque, Chiapas, de oficio carpintero, tenía 32 años y era padre de dos niñas de 11 y 4 años de edad. Él y su familia pertenecen a la organización Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbres (PADUC), conformada por comunidades ch’oles, tseltales y mestizas que se dedican a la defensa de su territorio.

 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C (Frayba), documentó que militares al mando del Comandante Armando García Triana, dispararon arbitrariamente en contra del civil desarmado Carlos Humberto, a quien posteriormente criminalizaron y estigmatizaron. Son responsables directos de la ejecución extrajudicial, 22 integrantes del 18 Regimiento de Caballería motorizada, perteneciente al destacamento del Ejército mexicano ubicado en el ejido Medellín, municipio de Catazajá, Chiapas, de la 38 Zona Militar,1 con sede en Tenosique Tabasco.

 

La tarde del 16 de mayo, Carlos Humberto salió de su domicilio en la colonia Pakal-Ná, Palenque, para dirigirse por asuntos de trabajo a Villahermosa, Tabasco. En el trayecto viajó a la Ranchería Celia González de Rovirosa y de regreso, como a 4 kilómetros de ese lugar, había un puesto de control militar sin señalamientos.

 

Medios locales difundieron que: “Un enfrentamiento entre miembros del Ejército y presuntos sicarios, en un puesto de control militar, arrojó el saldo de un muerto, mientras que varios más emprendieron la huida, a bordo del vehículo del delincuente abatido fue localizada un arma de fuego, utilizada para agredir a los soldados2.” Según la versión militar, Carlos Humberto no obedeció la orden de alto y por eso dispararon, sin embargo la autopsia reveló que el civil murió de un disparo frontal a corta distancia que lo mató al instante. Testimonios, indican que sólo se escucharon disparos de un lado y que en ningún momento hubo un enfrentamiento. Además el dictamen químico, comprobó que Carlos Humberto no disparó ningún arma.

 

La Fiscalía del Estado de Tabasco llegó aproximadamente dos horas después al lugar de los hechos. Tiempo durante el cual los integrantes del Ejército mexicano alteraron la escena e intimidaron a los testigos presenciales.

 

Lidia Jiménez Antonio, esposa de Carlos Humberto, llegó al lugar donde le avisaron conocidos que se encontraba el vehículo balaceado de su esposo, ahí le dijeron que él estaba muerto y se trasladó al Servicio Médico Forense de Macuspana, Tabasco. A las 3:00 horas del día siguiente, el cuerpo seguía custodiado por militares. Según su testimonio: “estaba en posición como si fuera manejando, estaba muy frío y rígido.”

 

El pasado 30 de julio, 16 militares, en dos vehículos de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) notificaron, en su domicilio, a la Sra. Lidia que tiene diez días para entregar pruebas a la jusrisdicción castrense para que los militares sean sancionados administrativamente. Lo anterior forma parte de actos de hostigamiento, intimidación y vigilancia en contra de la familia de Carlos Humberto, quienes temen por su vida, integridad y seguridad personal.

 

El Frayba manifiesta preocupación porque a 4 meses de la ejecución extrajudicial de Carlos Humberto, la Procuraduría General de la República (PGR) no tiene avances sustantivos para señalar y sancionar a los responsables, por lo cual:

 

Exhortamos a la PGR a que garantice una debida diligencia en la investigación con acciones suficientes y necesarias para evitar que esta ejecución extrajudicial cuya responsabilidad es del Ejército mexicano, no quede en la impunidad.

 

Solicitamos a las autoridades del Estado mexicano, otorgarle un esquema integral de protección a la Sra. Lidia Jiménez Antonio y a su familia para evitar acciones que pongan en riesgo su vida, seguridad e integridad personal.

 

Pedimos que cesen las acciones públicas de estigmatización y criminalización hacia Carlos Humberto y su familia.

 

La ejecución extrajudicial de Carlos Humberto ejemplifica la vulnerabilidad de la población ante la permanencia del Ejército en las calles, con el pretexto de cumplir tareas de “seguridad”. Señalamos que el Estado mexicano ha sido sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a derechos humanos cometidas por militares. Además diversos mecanismos de la Naciones Unidas han manifestado su preocupación por la actuación del Ejército, la protección con la que cuentan y la impunidad con la que actúan.

 

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