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Gobierno y empresarios siembran delincuencia organizada para concretar megaproyectos en zonas indígenas y rurales: CNPA-MN

Ciudad de México, 13 AGO.-Daniel Zúñiga Maldonado, vocero de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional, advirtió que el Estado en coordinación con la iniciativa privada está “sembrando” células de delincuencia organizada en comunidades indígenas en diversos estados del país que se oponen a la instalación, en sus tierras, de megaproyectos hidroeléctricos, mineros, petroleros y carreteros.

                En el marco de la primer audiencia pública del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, celebrado en Cuetzalan del Progreso, Puebla, el vocero de CNPA – MN apoyado de diversos liderazgos indígenas y rurales de Chiapas, Puebla, Nayarit y estado de México también alertaron que el incremento de la delincuencia organizada y de guardias blancas en zonas potenciales para impulsar la Reforma Energética ocasionan desplazamiento desmedido de población de alta vulnerabilidad.

                Asimismo, al presentar ante abogados, de dicho Tribunal – capítulo Estados Unidos, más de 8 casos donde se han pretendido instalar megaproyecto considerados de muerte en los que se violan diversos derechos como al territorio, a la libertad de expresión, a la autodeterminación de los pueblos al consentimiento y a la consulta previa libre e informada, se dio a conocer que además de la defensa legal, la resistencia y la protesta las comunidades están aumentando sus “guardias comunitarias”.

                Lo anterior, indicaron en el encuentro que se celebró en Cuetzalan, Puebla, también incluyen el análisis en cada comunidad indígena afectada de las leyes internas que las rigen así como en sus usos y costumbres con el fin de conformar una Ley que impida la entrada de los megaproyectos como ya está sucediendo en 14 municipios del estado de Chiapas con la comunidad Zoque.

                Ante ciento de campesinos e indígenas así como de la Presidenta del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, Natascha Lycia Ora Banan, en los primeros 8 casos de los más de 20 que analizará dicho organismo durante su gira de trabajo en Puebla, Guerrero y Ciudad de México del 10 al 20 de agosto, se habló de la urgencia de defender el territorio de proyectos que afectarán el medio ambiente y la calidad de vida de miles de personas.

                En la exposición de los casos destacaron la oposición al proyecto de la línea de electricidad de alta tensión en Cuetzalan del Progreso y la criminalización de los opositores pues en dicha comunidad en donde se lucha para que no se instale este proyecto de la Comisión Federal de Electricidad que daría vida a la industria minera y petrolera es en defensa de más de 30 mil habitantes y 168 comunidades indígenas.

                Asimismo se expuso el caso de la resistencia del pueblo Zoque a la extracción de hidrocarburos en el municipio de Francisco León, Chiapas en donde la Secretaría de Energía, la Procuraduría Agraria y Semarnat están coludidas para acelerar su proyecto en el marco de la Reforma Energética en agravio de 84,500 hectáreas.

                Sin embargo, los pobladores de dicho municipio han conformado un movimiento de resistencia Zoque que involucra a 14 municipios y 114 mil hectáreas ya que en ellas, además del proyecto antes citado se pretenden instalar mineras en 70 mil hectáreas; geotérmicas en 15 mil hectáreas; y los pozos petroleros en 84 mil 500 hectáreas.

                Por ello se dio a conocer que la comunidad Zoque traduce todo el proceso en su lengua originaria y aumentó la resistencia y la población a fin a la unidad y la defensa de esta población ancestral.

                En los casos de Puebla y Chiapas en los que ya  ha habido criminalización e incluso el asesinato de los mismos se insiste en concretar una Ley de Consulta Indígena en diversas lenguas como el Nahuatl, Zoque, Tzotzil y Tojolabal; así como la defensa legal en el caso del estado de Nayarit donde se instaló una autopista en agravio de los coras desde hace más de 10 años y a la fecha no han sido indemnizados los pobladores de 30 núcleos agrarios con 100 familias y una población de 15 mil ejidatarios, comuneros e indígenas.

                El caso del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México que se construye en el lago de Texcoco también fue analizado en esta audiencia pública en la que se advirtió que no se permitirá que éste se concrete e incluso comuneros del municipio de San Mateo Atenco anunciaron una movilización el próximo 14 de agosto frente a la casa de campaña del ya Presidente electo Andrés Manuel López Obrador para que exigirle que cumpla su palabra de no permitir la conclusión de dicha terminal aérea.

                Al respecto de todas estas exposiciones, la Presidenta del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, Natascha Lycia Ora Banan, dio a conocer que una vez que se analicen los más de 20 casos, entre ellos, Ayotzinapa, caso Wallace, y feminicidios, este organismos internacional procederá a emitir un dictamen final mismo que se dará a conocer ante todas las instancias internacionales pertinentes para apoyar legalmente a los afectados.

                Indicó que la jornada que termina en los próximos días tiene como fin fundamental, pero sobre todo, ver la forma de orientar jurídicamente a los presuntos afectados para que hagan valer sus derechos a la vida, al territorio, al agua, a la autodeterminación, a la libre expresión pues ellos son fundamentales en una democracia.

Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2018

 

 

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