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Ninguna circunstancia justifica la tortura

La práctica de la tortura es generalizada y sistémica en México; a pesar de la
aplicación del sistema penal acusatorio, de contar con una Ley General para
Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura (Ley General) y la creación de Fiscalías
Especiales para la Investigación del Delito de Tortura. Esta violación a derechos
humanos se sigue cometiendo de manera cotidiana en nuestro país, ya que se
encuentra totalmente arraigada entre los diferentes cuerpos policiales, así como
en los funcionarios encargados de la procuración de justicia, quienes la ocultan en
vez de investigar eficazmente.
La Ley General establece que las fiscalías deben contar con agentes del Ministerio
Público, policías, personal de servicios periciales y técnicos capacitados y
especializados para la investigación de la tortura; así como contar con los
recursos humanos, financieros y técnicos que las fiscalías requieran para una
operación efectiva en la materia.
A un año de la vigencia de la Ley General, hemos constatado que la tortura
continúa siendo un método privilegiado de investigación policial, y que las
corporaciones policiales tienen un conocimiento deficiente del sistema penal
acusatorio y un desconocimiento generalizado de la Ley General; también hemos
documentado que las autoridades no tienen capacidad institucional y técnica para
investigar la tortura, preservar evidencias y cuidar la cadena de custodia de
pruebas.
Vemos con preocupación que las fiscalías especializadas no cuentan con personal
capacitado para la atención integral, tomando en cuenta la perspectiva cultural
para personas pertenecientes a un pueblo originario, por su género u orientación
sexual.
De junio de 2017 a junio de 2018, según documentación del Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), en Chiapas se han registrado 30
eventos de tortura en los municipios de Chiapa de Corzo, Chanal, Chenalhó,
Comitán de Domínguez, Las Margaritas, Motozintla Pichucalco, San Cristóbal de
Las Casas, Tapachula, Tapilula, Tuxtla Gutiérrez y Reforma. Es importante
mencionar que durante el mismo periodo el Frayba documentó 10 hechos de
tortura en el estado de Tabasco, en los municipios Centro (Villahermosa) y
Huimanguillo.

De los 40 eventos registrados en ambos estados: en 39 las víctimas son hombres
y una mujer; 30 sobrevivientes son mestizos; 5 de ellos migrantes de
Centroamérica y 10 pertenecen a un pueblo originario (tseltal, tostsil y tojolabal).
Según la documentación 7 de los sobrevivientes sufrieron tortura sexual.
Ante los datos registrados, vemos con alta preocupación la acción arbitraria de los
policías municipales, quienes sin ningún tipo de control realizan actos de
detención basados en apariencia, “sospecha” y limpieza social, muchas de estas
detenciones derivan en tortura y/o tratos o penas crueles inhumanos o
degradantes y en otras violaciones a derechos humanos. El momento de la
detención y el traslado de las personas continúan siendo los espacios
privilegiados para la aplicación de algún método de tortura.
Los Centros de detención como las estaciones migratorias, cárceles, centros de
alta seguridad, centros administrativos de detención, separos municipales,
centros de menores infractores, hospitales psiquiátricos y otros centros de
detención continúan siendo espacios en donde se fomenta y justifica la tortura en
nuestro país. En estos espacios la tortura es tolerada por el Estado mexicano y no
existe ningún respeto ni garantías de protección de los derechos humanos de las
personas que están bajo su custodia.
Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación por la
perpetuación de esta práctica a pesar de la obligación del Estado mexicano de
erradicar la tortura, sancionar ejemplarmente a los perpetradores y reparar el
daño a las víctimas, como lo señala la Ley General para Prevenir, Investigar y
Sancionar la Tortura y los estándares internacionales en la materia.
En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura,
reafirmamos nuestro compromiso y prioridad en acompañar a las y los
sobrevivientes de tortura, sus familias y colectivos a los que pertenecen.
Manifestamos que bajo ninguna circunstancia se justifica la tortura, ya que
significa un ataque a la dignidad, a lo más profundo de las personas,
independientemente de su edad, condición social, cultura, religión, sexo y/o
identidad sexual.
Condenamos que instituciones como la Procuraduría General de la República y la
Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de sus servicios periciales no
cuenten con el personal suficiente y capacitado para aplicar el Protocolo de
Estambul y atender de manera inmediata e integral a las víctimas de tortura; con
esta actitud obstaculizan y dilatan la impartición de justicia y transgreden los
derechos humanos de las víctimas de tortura, enviando así un mensaje de
impunidad.

Acerca de Fernanda Martinez

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