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Desde Los Altos

Comencé a ejercer el periodismo en 1985, cuando en la capital de Chiapas uno se podía topar en la entrada de un cine o en un botanero con un finquero o cacique de pueblo al que un día antes campesinos sin tierra habían invadido. Escribir sobre ello, darle voz a los indígenas o campesinos precaristas equivalía a estar de un lado de la disputa. Imperdonable inclinarse hacia los desposeídos, darles voz y plasmar en un periódico su testimonio de años y años de despojo, explotación, avasallamiento y vida miserable. Como periodista era exponerse a la ira de finqueros y caciques mestizos y a la represión gubernamental. “Son gajes inherentes al oficio…”, acuñó alguna vez el entonces secretario general del gobierno de Chiapas, Daniel Sarmiento Rojas. Lo declaró después de la represión gubernamental contra maestros que reclamaban independencia sindical. La represión alcanzó a reporteros y fotógrafos que registraban la manifestación.  Gobernaba entonces el general Absalón Castellanos Domínguez, un militar represor al que años después el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) secuestró y sometió a los tribunales rebeldes en algún lugar de la selva.
En es época, los periodistas locales eran simples portavoces de los poderosos. Muchos lo siguen siendo. Replicaban entonces y lo hacen ahora lo que los poderosos decían de sí mismos y lo siguen haciendo sin el mínimo recato y sin sentido analítico.
La prensa nacional comenzaba a descubrir Chiapas, una tierra ignota a la que rara vez se le prestaba atención. Hora son las redes sociales el espacio donde se ventilan las denuncias contra el gobierno en turno, los actos de corrupción descarada y cínica, y la represión contra indígenas, campesinos y maestros.
Pero en esos años -como lo fue también con Roberto Albores Guillen y Pablo Salazar Mendiguchia- los campesinos eran cazados como liebres o venaditos salvajes, expuestos como estaban a las balas de los finqueros y sus guardias blancas o a la represión indiscriminada del gobierno, que también respondía con balas, como fiel guardián institucional de la opresión y el despojo siempre que éste estuviera investido del llamado caxlán, hombre blanco o ladino dueño de plantaciones y  latifundios, que eran enormes extensiones de tierras que en muchos casos se sobreponían sobre bienes comunales o ejidales que los indios poseían legalmente solo en papeles. Por eso el rencor contra el llamado obispo rojo, Samuel Ruiz Garcia, quien comenzó a levantar la voz desde el púlpito para defender a los oprimidos. En contrapelo los obispos de Tuxtla Gutierrez y Tapachula justificaban y avalaban la represión gubernamental y el sistema de opresión en que vivían miles de indígenas. Aún más violento y cruel fue Patrocinio González Blanco Garrido (así le gustaba escribir su nombre, para remarcar el linaje). González Garrido fue un déspota ilustrado. Tenia a las castas de intelectuales y artistas de su lado. Y a uno que otro ‘chupatintas’. Uno de ellos hasta escribió un libro para limpiarle la cara ante el juicio de la historia. Pero al igual que su antecesor, González Blanco Garrido eliminó y encarceló a líderes campesinos e indígenas que amenazaban la siempre frágil paz social, no la pax justa. Esa no ha existido jamás en Chiapas. Y algunos periodistas sufrieron las consecuencias. Fueron ultimados. Es el caso de Roberto Mancilla y otros dos de Tapachula: uno escribía para Excélsior y el otro para la revista Por Esto!. Yo opté por el autoexilio, y crucé la frontera con Guatemala para asilarme en Costa Rica.
Patrocinio González Blanco Garrido impuso a sangre y fuego el llamado “Imperio de la Ley”, que era más de lo mismo: acallar la protesta social con la represión indiscriminada de la indiada. Cientos fueron los lideres indígenas y campesinos y aún mestizos que tuvieron como respuesta una lápida y una cruz. Los más afortunados pagaron con años y años de prisión su osadía de desafiar a finqueros y al propio gobierno.
No ha variado mucho el rol del gobierno de Chiapas de ayer y hoy. Tampoco el rol de la prensa y de algunos ‘tundemaquinas’ que aplauden la represión del gobierno contra los movimientos sociales y la criminalización de la protesta legítima. Para unos y para otros el llamado Estado de Derecho es la ley del embudo: la legalidad está siempre del lado de quién interpreta la ley y la ejerce. El uso de la fuerza pública sigue siendo un recurso recurrente frente a la protesta legítima de quienes se inconforman contra el patrón o la administración pública, en cualquiera de sus tres niveles de gobierno. Un ejemplo de ello se vivió ayer en San Cristóbal de Las Casas. Primero durante el desalojo violento a una manifestación pacífica de maestros en el kilómetro 46 de la carretera de cuotas San Cristóbal-Chiapa de Corzo.
Tras el operativo de desalojo violento contra los profesores, la policía estatal y municipal de San Cristóbal de Las Casas persiguió a los mentores hasta la explanada de El Carmen.
Padres de familia de las escuelas primarias y preescolares y párvulos que se encontraban en clases padecieron los efectos del llamado gas pimienta que la Sectorial lanzó sobre los maestros. Lo hicieron desde tierra y desde helicópteros que sobrevolaban el área. Los gases lacrimógenos que lanzaron por tierra y aire ocasionaron la estampida de alumnos de escuelas vecinas al lugar donde se efectuó el operativo. Muchos párvulos fueron obligados a abandonar la escuela en medio del operativo de desalojo. El responsable directo es Mario Carlos Culebro Velasco y su muy particular visión de lo que es el tan trillado Estado de Derecho. La represión indiscriminada sin ningún protocolo. Y vaya que la ley es clara. Existe un protocolo, que al ser aprobado por el Congreso del estado debiera ser -pero ayer no lo fue- de cumplimiento obligatorio. El recién estrenado secretario general del gobierno en Chiapas, Carlos Mario Culebro Velasco, pertenece a la vieja guardia de priistas a la que me refiero. Lo mismo que su subsecretario Gustavo Mocoso Zenteno. Son de esos políticos  y funcionarios públicos chiapanecos que ven en los movimientos de protesta legítimos una amenaza al status quo y a su propia sobrevivencia como élites políticas en la disputa del poder local. Confunden el hartazgo de la población contra las obstrucciones carreteras y la presunta exigencia de mano dura. Pertenecen a esa generación de la que hablo al principio. Ahí han estado siempre, como la mano represora del gobierno en turno.
Pobre Chiapas, donde la ley tiene forma de embudo: lo ancho para las elites, lo angosto para el pueblo que se atreve a ejercer un derecho constitucional, el de la protesta y la manifestación.
Seguimos…
REGION SOCONUSCO
EN TAPACHULA
Ayer 19 de abril, en Tapachula, a las 09:50 hrs., José Antonio Aguilar. Bodegas, candidato a la gubernatura de Chiapas por tres partidos políticos, PAN PRD y MC, arribó a las instalaciones del centro internacional de convenciones del Hotel Loma Real, en la colonia Loma Bonita, donde fue recibido por María Elena Orantes López, Diputada federal con licencia y candidata a la senaduria por el estado de Chiapas, y Diego Valera Fuentes, también diputado federal con licencia y candidato a senador por el estado de Chiapas.
Ahí se llevó a cabo un desayuno y reunión de campaña politica electoral ante la presencia de 1800 militantes de los tres partidos políticos que llevan a José Antonio Aguilar Bodegas como su candidato al gobierno del estado.
Pero no falta el frijol en el arroz. Alguien les mandó a la periodista Eloisa Diaz Arriaga. La comunicadora se apersonó en el lugar para protestar contra Diego Valera Fuentes por una presunta deuda laboral de 200 mil pesos. Y vaya que fue un acto montado. Díaz Arriaga llegó portando una pancarta con una leyenda provocativa: “Si no le cumples a una mujer, que le espera a Chiapas”…. QUIEN la libró y fue ratificado como candidato a diputado federal por el V Distrito, fue Enoc Hernández Cruz. Había sido impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por Leticia Lecieur López, regidora priista de San Cristóbal de Las Casas.  Pero ayer el TEPJF desechó la impugnación y el PRI nacional lo ratificó como su candidato. Es un hecho insólito. El ‘líder moral’ de un partido local va acuerpado por tres partidos con registro nacional: PRI-PVEM-PANAL. No se necesita ser muy suspicaz: el Tribunal Electoral es del Poder Judicial de la Federación, no es un ente autónomo como el INE o el IEPC. Así que es muy, pero muy seguro que el TEPJF ratifique de hoy a mañana la coalición “Todos por Chiapas”, incluyendo a los partidos locales Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido.

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