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México necesita un presupuesto público con perspectiva de derechos humanos: CNDH

El gobierno mexicano debe contar con un presupuesto público elaborado, ejercido y vigilado con perspectiva de derechos humanos, y complementarlo con un combate frontal a la corrupción.

Así lo señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el marco de la sustentación del Informe de México ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC).

Luego de destacar la importancia de que el Estado mexicano ratifique el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como instancia de garantía internacional de los mismos, llamó a considerar de la mayor importancia la adopción de medidas progresivas en favor de los derechos humanos.

De igual manera, enfatizó que es crucial fomentar la suficiencia del salario mínimo, por su vínculo con el goce y disfrute de tales prerrogativas; es decir, que la fijación del salario mínimo en el país considere como eje la dignidad de las personas.

“Se debe atender el problema que enfrentan las personas trabajadoras jornaleras agrícolas y sus familias, sector altamente vulnerable cuyos integrantes viven en condiciones de pobreza y carecen de acceso pleno a la protección a la salud, a condiciones de trabajo dignas, a la seguridad social y a la educación, entre otros derechos básicos”, apuntó.

En un comunicado, la CNDH destacó que en la reunión celebrada en el Palais Wilson, por conducto de su Sexto Visitador General, Jorge Ulises Carmona Tinoco, demandó que las autoridades de todos los órdenes de gobierno fortalezcan y armonicen sus legislaciones en materia ambiental, además de cumplir con la vigilancia e inspección por parte de los responsables facultados para ello, para lo cual se debe contar con mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad efectivos, además de promover el intercambio de buenas prácticas en torno de su ejercicio.

“El Estado mexicano debe garantizar que las y los defensores de derechos humanos puedan desarrollar con toda libertad y libres de amenazas o riesgos su actividad de promoción y protección de los DESCA; tal es el caso de defensores comunitarios cuya labor se relaciona con los megaproyectos de industrias extractivas, de represas y eólicos, promovidos por la iniciativa privada o las propias autoridades”, puntualizó.

El visitador presentó algunas consideraciones sobre los DESCA en nuestro país y destacó que debe darse cabal cumplimiento a la protección de los derechos humanos, uno de los cuales es el derecho a la consulta a pueblos y comunidades indígenas, para lo cual recalcó que además de seguirse puntualmente los protocolos y pronunciamientos de la CNDH en la materia, debe transitarse hacia una ley que recoja los mejores estándares y prácticas en favor de sus destinatarios.

Planteó que el Estado mexicano impida la sobreexplotación, sobre concesión y contaminación que afecten el derecho al agua; armonizar las legislaciones federal, estatal y municipal en esa materia para regular a los usuarios, y dar acceso a las redes municipales de agua potable a las comunidades indígenas y rurales del país.

Finalmente, Carmona Tinoco estableció que las autoridades federales evalúen la gestión de recursos económicos destinados a los programas para la cultura con perspectiva de derechos humanos, así como mejores prácticas administrativas que redunden en mayor protección de los DESCA.

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