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Denuncian a embajada de Canadá en México por irregularidades que derivaron en homicidio de activista

Por Gloria Leticia Díaz
irregularidades en homicidio de activista
Ciudad de México, 12 FEB (apro).-Activistas y familiares del defensor de la tierra, Mariano Abarca Roblero, asesinado en noviembre de 2009, interpusieron una queja ante el comisionado para la Integralidad de la Administración Pública de Canadá (CIAPC, por sus siglas en inglés), al considerar que la embajada de ese país en México incurrió en irregularidades que derivaron en el crimen del ambientalista originario de Chicomuselo, Chiapas.
En conferencia de prensa, José Luis Abarca Montejo, hijo del defensor, informó que el pasado lunes 5 presentaron la queja administrativa en Canadá, lo que se suma a una solicitud de intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interpuesta en junio de 2017, ante la impunidad en la que hasta ahora se encuentra el homicidio.
También exigieron que se investigue a la embajada de Canadá en México, porque aun sabiendo de los riesgos que corría el líder del movimiento antiminero, “nunca escuchó sus quejas hasta que fue acribillado por pistoleros ligados a la minera Blackfire Corporation.
Según el denunciante, durante su estancia en Canadá, la delegación asistió a reuniones y eventos en Ottawa, Montreal y Toronto para entregar la denuncia administrativa ante el CIAPC y evidenciar el acto frente a otras instancias gubernamentales, así como con legisladores, medios de comunicación, y representantes de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.
Acompañado de representantes de las organizaciones sociales Otros Mundos. Amigos de la Tierra, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la Fundación Ambientalista Mariano Abarca, Mining Watch de Canadá y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, el hijo del activista recordó que desde 2008 su padre y otros luchadores sociales de Chicomuselo emprendieron una lucha contra la minera canadiense Blakcfire, responsable de contaminar el agua y la tierra por la explotación de barita.
Ello, agregó, le valió amenazas, ataques a su integridad, encarcelamiento por acusaciones falsas “interpuestas por un representante de la empresa” canadiense en agosto de 2009 y posteriormente, su asesinato el 27 de noviembre de 2009.
Abarca Montejo narró que durante todo el tiempo que Blackfire operaba en Chicomuselo, la embajada tuvo un conocimiento significativo del descontento de la población local con la empresa, así como información sobre su padre y los riesgos que enfrentaba.
“Esto lo sabemos por documentación obtenida bajo la Ley de Transparencia en Canadá. Además, semanas antes de su detención, mi padre acudió a la embajada canadiense para enterar a los funcionarios sobre la problemática, alertándoles que trabajadores de la mina estaban amenazándole a él y a otros defensores de derechos humanos”, agregó.
Además, destacó que, durante su detención, la embajada recibió mil 400 correos de toda América que expresaban preocupación por la vida de su padre. Sin embargo, aseguró que la embajada no sólo fue omisa ante los testimonios de su padre y de quienes exigían su protección, sino que realizó gestiones para defender los intereses de la empresa. Entre ellas, el abogar con las autoridades de Chiapas para que controlara las protestas sociales semanas antes de su muerte.
Abarca Montejo explicó que el recurso que interpuso en días pasado se fundamenta en una presunta violación al código de conducta de la embajada, al actuar “en favor de la minera Blackfire, y contra las protestas comunitarias”, lo que “constituyó una acción que creo un ‘peligro específico’ para la vida y seguridad” de su padre.
“Diplomacia económica”
La denuncia ante el CIAPC plantea que, en el afán de la embajada de promover y proteger los intereses de la empresa, hubo una sobre limitación a las políticas de respeto a derechos humanos y responsabilidad social que la embajada debió atender.
La queja está basada en la comunicación que, de 2007 a 2010, mantuvo la embajada canadiense con representantes de la minera en México, información obtenida por los denunciantes a partir de la ley de acceso a la información de Canadá.
Jen Moore, de Mining Watch, explicó que dicha documentación fue obtenida después de año y medio de interponer solicitudes de información, de la que se puede demostrar la participación activa de la embajada a favor de Blackfire. Por ejemplo, la mediación para la obtención de permisos para el uso de explosivos en Chicomuselo, para aconsejar a la empresa en una demanda contra el gobierno de Chiapas, así como para pedir su colaboración para atender la protesta social contra la empresa.
“La actuación de la embajada de Canadá en México, es muy similar a lo que ocurre en otros países donde las mineras canadienses tienen intereses. Y eso tiene un nombre, se le llama Diplomacia Económica”, dijo Moore.
Entre los documentos obtenidos se encuentran depósitos de entre 10 mil a 20 mil pesos mensuales a favor del alcalde de Chicomuselo, Julio César Velázquez, “quien ahora quiere repetir como presidente municipal, ahora como ciudadano, pero en aquellos años lo fue como militante del PRD”, recordó Abarca Montejo al mostrar uno de los depósitos en la cuenta personal del exmunícipe.
Miguel Ángel Mijangos de REMA, explicó que la relación entre Blackfire y la embajada es el primer caso en el que han podido demostrar la intervención de la diplomacia canadiense a favor de sus connacionales, pese a la existencia de denuncias por violaciones a derechos humanos y contaminación de los recursos naturales.
También es la primera vez que se exhorta al Comisionado a que investigue las faltas de la embajada canadiense en relación con el cumplimiento de sus políticas relacionadas con el cuidado y respeto de los derechos humanos.
Mijangos agregó que las acciones en este caso, “forman parte de un patrón: en las comunidades que han sido afectadas por la minería prevalece la violencia, el despojo y el desplazamiento forzado”.
Incluso, destacó que 80% de las mineras son canadienses, y están presentes en al menos 900 proyectos en México, lo que agudiza los conflictos sociales en estados como Guerrero, Durango o Oaxaca, de gran presencia minera.
Otra intención de la denuncia es crear una alerta acerca del patrón de actuación de los principales promotores de la minería canadiense en México y en América Latina.
Entre los primeros efectos de la queja, los denunciantes comentaron que el Director de Comunicaciones del Ministerio de Comercio Internacional declaró al diario nacional The Globe and Mail que “si hay una investigación formal, en ese caso por el comisionado, el gobierno de Canadá va a colaborar plenamente”.
Durante la conferencia de prensa se informó que el Comisionado para la Integralidad de la Administración Pública de Canadá tiene 90 días para determinar si abre o no una investigación contra la embajada de ese país, que podría convertirse en la primera en su tipo, destacaron los denunciantes.

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